Desde principios del siglo XIX la Argentina viene teniendo conflictos de límites con la hermana república de Chile. En 1881 se definieron los límites en relación a la Patagonia Occidental que quedó bajo soberanía de la Argentina, estableciéndose el límite de nuestros pueblos en el cordón cordillerano.
En 1893 se hizo una ampliación del tratado, incorporando la figura de las líneas imaginarias de las altas cumbres como forma de delimitación, quedando el océano Pacífico para Chile y el Atlántico para la Argentina.
Pero la cuestión no fue zanjada completamente por cuanto canales, islas, islotes, mar, etc., quedaron en zonas grises y de interpretación, lo que llevó en la década del 70 del siglo XX a que los gobiernos estuvieran a un paso de ir a la guerra, dando eso lugar a la mediación papal de Juan Pablo II y en 1984 a firmar el Acuerdo de Paz y Amistad entre Chile y la Argentina. Así se estableció una línea imaginaria que dividió por la mitad el canal de Beagle y, con una forma de interrogante determinado por puntos con letras de la A a la F se estableció que todo lo que estaba al oeste de esa línea era de Chile y al este de la Argentina, ratificando el principio que el Pacífico es para los chilenos y el Atlántico para los argentinos, con el límite interoceánico en el meridiano del Cabo de Hornos.
Ahora bien, en 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem, se creó en la Argentina la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental de la República Argentina (COPLA) bajo la coordinación de la Dra. María Frida Armas de Pfirter (actualmente designada juez del Tribunal Internacional del Mar), encargada de investigar, analizar y determinar los límites exteriores marítimos de nuestro país. Luego de varios años de trabajo, convirtiéndose en una auténtica política de Estado, en el año 2009 logran llevar a la Comisión de Límites de Naciones Unidas el extraordinario trabajo, estableciendo los auténticos alcances de las soberanía argentina sobre su plataforma continental.
Este trabajo permitió que en 2017 la ONU aprobara (“recomendara”) esos nuevos límites basados en la evidencia científica y fáctica, estableciendo en uno de sus aspectos por debajo del punto F (del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile de 1984) una prolongación de la plataforma de 5500 kilómetros cuadrados aproximadamente en aguas atlánticas del Pasaje de Drake. Esto, al no ser observado ni impugnado por los países interesados, en este caso Chile, fue aprobado por la comisión específica de la ONU y receptado por la ley 25.557 por la República Argentina en 2020.
Esta situación generó en Chile un movimiento nacionalista que advirtió que “se les escapó” la cuestión y que la Argentina estaba avanzando sobre espacios considerados chilenos. Esto hizo que se desarrollara un trabajo de límites que abarca unos 30.500 kilómetros cuadrados atlánticos al este del meridiano del Cabo de Hornos, dentro de los cuales están los ya reconocidos 5500 Km2 de la Argentina. Esta situación pone en jaque la soberanía argentina ya que, de prosperar esa tesitura, sumado a la usurpación de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur por el Reino Unido y su extensión marítima, nuestro país perdería la totalidad de la proyección sudamericana hacia la Antártida.
Esto demuestra claramente que la Argentina tiene conflictos reales, aunque en las últimas décadas haya preferido no contemplar hipótesis de conflicto. Si a ello le sumamos la invasión y ocupación ilegal británica, que constituyen una agresión según la Asamblea General de las Naciones Unidas, más la depredación de nuestros recursos naturales en esos y otros espacios, no se entiende que nuestra clase política enmudezca la discusión y el esclarecimiento de este tema frente a la ciudadanía y, en particular, en este proceso electoral. Más grave aún es que quien podría ocupar el cargo de canciller en un supuesto gobierno de Milei exprese, refiriéndose a nuestras islas Malvinas, que “respetarían la voluntad de los isleños”. Esa es una actitud de entreguismo y sometimiento al Reino Unido. No puede estar en discusión la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, contrariando la Constitución Nacional.
Es imprescindible un renacimiento de la defensa nacional que por nuestra Carta Magna y la ley vigente es obligación estatal y todos somos parte de ella. En este sentido, y teniendo en cuenta la escasa asignación de recursos a nuestras fuerzas armadas para su funcionamiento y equipamiento (hasta la fecha un 0,65% del PBI), se hace imprescindible el aumento de las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa al 1.5% del PBI como mínimo. Esto permitirá el inicio de una progresiva recuperación y equiparación de fuerzas en América Latina que nos garantice la vigilancia, el control de las jurisdicciones y el cuidado de nuestros intereses soberanos. Y nos dará el respaldo disuasivo necesario para el accionar de nuestra diplomacia, para poder decir firmemente “no” cuando las circunstancias lo requieran.
¡No nos hagamos los distraídos! La Argentina está en peligro y no solo por las consecuencias de un plan económico, sino por la ausencia de un proyecto de país y de defensa de nuestro pueblo, el territorio argentino, la soberanía, la independencia y la autodeterminación nacional. Es el momento y la oportunidad histórica del renacer de la defensa nacional.
Vicepresidente alterno Cono Sur Organización Demócrata Cristiano de América (ODCA); presidente Fundación Argentina Azul
Publicado en La Nación