Resulta contundente el dictamen del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recomendando a la Corte Suprema de Justicia que debe ser confirmada la extradición a Chile del líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, para que termine de cumplir allí la condena a nueve años de prisión por el incendio de una casa en la localidad de Río Bueno, en el sur del país trasandino, y por portación ilegal de armas de fuego.
Jones Huala se escapó de prisión cuando debía cumplir la pena impuesta hasta 2024. La policía de Río Negro lo capturó en una vivienda de El Bolsón, en febrero pasado, tras haberse mantenido prófugo durante casi un año. Cuando el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, concedió la extradición hacia fines de julio pasado, los abogados del condenado apelaron la medida que ahora Casal aconseja concretar.
Entre los inaceptables argumentos de la defensa del violento cabecilla, se apeló al supuesto carácter político de la condena, a lo que Casal respondió que el juicio en Chile respetó el debido proceso, la defensa en juicio y la revisión pertinente.
Más allá de que la Corte disponga finalmente la extradición de Jones Huala, la decisión final debe ser tomada por el Poder Ejecutivo, y es allí donde se encienden todas las alarmas, pues el gobierno de Alberto Fernández no ha hecho más que permitir, justificar y amparar que continuara la violencia ejercida por este tipo de grupos de seudomapuches, que vienen asolando la Patagonia, despojando de sus tierras a propietarios privados y reclamando para sí inexistentes derechos también sobre tierras públicas.
Sin ir más lejos, en junio del año pasado, miembros de RAM quemaron por completo la oficina de la Secretaría de Bosques del Chubut, ubicada junto a la planta de gas del Paraje Pedregoso, cerca de la localidad de El Hoyo, donde ese grupo de facinerosos ya había atacado maquinarias de la empresa que llevaba adelante la construcción de un gasoducto.
Como hemos manifestado reiteradamente desde estas columnas, la comunidad mapuche se encuentra en la mayoría de los casos integrada pacíficamente a nuestra sociedad, con su propia cultura y sus costumbres, y por ello no debe ser homologada a grupúsculos que hacen uso de ese origen para la reivindicación de derechos territoriales donde nunca han estado, transformando su actuar en una verdadera extorsión para conseguir beneficios o reconocimientos de falsos derechos.
El Poder Ejecutivo debe dejar de ser cómplice y defender a una ciudadanía brutalmente atacada por violentos cuyo artero accionar ya se encuentra debidamente probado en nuestro país y en el exterior.
Publicado en LA NACION