En el país de la libertad, nadie que aspire al cargo de procurador general de la Nación puede seguir manteniendo –como ocurre hasta ahora– la política instaurada por su extitular Alejandra Gils Carbó, que niega excarcelaciones, detenciones domiciliarias o libertades condicionales a personas por el solo hecho de estar acusadas de delitos ocurridos en los años 70.
Esa práctica discriminatoria –y por lo tanto odiosa– es fruto de la militancia ideológica y se hace violando la Convención Internacional, propuesta por la Argentina, que protege la ancianidad y tiene jerarquía constitucional por ley 27.700. El libro El Pacto Kirchner-Verbitsky detalla la forma en que el Ministerio Público Fiscal fue cooptado mediante concursos fraudulentos que privilegiaron al sindicato kirchnerista Justicia Legítima.
La venda en los ojos de la Justicia es garantía de imparcialidad. El parche en uno solo no es de ecuánimes, es de piratas.
Ricardo Saint Jean
DNI 10.924.885
Publicado en www.lanacion.com.ar