El ente estatal, que funciona bajo el liderazgo de Claudio Avruj en la órbita del Ministerio de Justicia, trae al centro de la escena, una vez más, una polémica que marcó el primer año de gobierno de Mauricio Macri. Meses atrás, el Presidente se transformó en el foco de fuertes críticas de diferentes sectores por relativizar la cantidad de desaparecidos durante la dictadura.

"Se registra a la fecha y para el período solicitado un total de 8571 víctimas debidamente formalizadas según el marco de referencia. Entre ellas 7010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1561 se consideran víctimas de asesinato".

Luego el ente oficial aclaró: "Se debe destacar que bajo ningún concepto debe considerarse este Registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales. En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria", según lo precisó el diario La Nación..

La información, difundida el lunes (07 nov 2016), fue un pedido de la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que alegó el derecho al acceso a la información pública para solicitar a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural conocer "la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación hayan sido luego halladas sin vida".

El período sobre el cual se requirió esa información corresponde al comprendido entre el 12 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1983.

“En virtud de la ley que ampara el derecho de cualquier ciudadano o asociación al acceso a la información pública, esta Secretaría dio curso de dicho requerimiento al equipo de trabajo del RUVTE, creado en 2013 en el ámbito del Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa ministerial en 2014 por Resolución N° 1261 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

El objetivo del Registro es la construcción de una matriz de datos de alcance nacional, en permanente estado de actualización, sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado Argentino y, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 26.691, de los Centros Clandestinos de detención y otros lugares de reclusión utilizados por la fuerza represiva estatal.

El pedido de información de la Secretaría de DD.HH. lleva la firma del abogado José Lucas Magioncalda. "Durante los últimos meses se han desatado un sinnúmero de discusiones sobre la cantidad de desapariciones forzadas que tuvieron lugar en los años más sangrientos de nuestra historia reciente.

En algunos casos, producto de la intolerancia que prevalece en algunos sectores de nuestra sociedad, las discusiones sobre este punto han incluido recriminaciones de tono agresivo, respecto de personalidades que osaron hacer pública alguna opinión sobre la cuestión que aquí nos ocupa", argumentó.

"A tal punto llegó este estado de beligerancia contra todo el que pronunciara un número inferior a 30.000 desaparecidos, que el propio Presidente de la Nación, rehusó manifestarse al respecto, ante una pregunta de la prensa.

Por otra parte, una inobjetable luchadora por los Derechos Humanos como la Sra. Graciela Fernández Meijide, viene manifestando desde hace algún tiempo que el número de 30.000 desaparecidos es "simbólico"", dijo.

"Entendemos que la historia reciente y, en particular, la que refiere al terrorismo de estado, no debe ser un instrumento para ejercer revanchas o justificar agresiones, sino por el contrario, ha de ser un punto de partida para el aprendizaje colectivo. Por ello, resulta imprescindible que los hechos históricos sean reconstruidos a partir de la verdad o, en su defecto, a partir de los datos que más se acerquen a ella.

Y solicitó: "Respecto del terrorismo de estado ejercido durante la dictadura autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", informe -según los registros de la dependencia a su cargo- la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

"Respecto del terrorismo de estado ejercido durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, informe -según sus registros- la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 12 de octubre de 1973 al 23 de marzo de 1976".