"Los imputados de delitos de lesa humanidad (militares, integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que combatieron contra el bando guerrillero y terrorista) sufren una automática derogación de principios jurídicos básicos, como los de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos", afirma la entidad.
La entidad recuerda que cuando meses atrás se entregó una carta similar al alto tribunal no hubo respuesta. "No se nos escapa que el silencio es, a veces, necesario para un tribunal de justicia. No obstante usted quebró esa costumbre ancestral, declarando ante ministros, dirigentes políticos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el juez Garzón que no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos. Este desborde conlleva un grosero prejuzgamiento", afirma la entidad, dirigiéndose a Lorenzetti.
La asociación reclamó la renuncia del presidente de la Corte "porque no deseamos que el tribunal sea recordado como la Corte que, cuando habló, lo hizo para sostener un doble estándar jurídico o convalidar manejos de la emergencia económica y, cuando calló, dejó a la intemperie a los jueces y a la Justicia, para que sean indignamente presionados y perseguidos por decir el derecho".