El Gobierno trató de despegarse del conflicto que por primera vez en la historia de la Prefectura Naval derivó en un masivo autoacuartelamiento pacífico de miles de efectivos en los principales destinos del país y achacó el problema a una equívoca interpretación del departamento contable de la institución, en la aplicación de un decreto de reordenamiento salarial que encendió la mecha del conflicto. 

En efecto, un despacho de la agencia oficial de noticias TELAM, emitido en la tarde del martes (02 oct 2012) dijo que “autoridades de esa cartera (Seguridad) analizan junto a sus pares de Economía las liquidaciones para determinar “cuáles fueron los criterios utilizados por la fuerza (Prefectura) y para dilucidar dónde se cometieron errores”. 

Nunca antes en el historial prefecturiano se había dado una situación de esta naturaleza, salvo la participación aislada, en 1989 y 1990 de un puñado de efectivos amotinados del Grupo Albatros en los alzamientos carapintadas del Ejército.

El conflicto involucra a la gran parte de la suboficialidad de esta fuerza de seguridad de unos 14.000 hombres. Voceros de los convocados aclararon que la protesta es pacífica y se encuadra en un reclamo gremial y no político. Las guardias y servicios esenciales se cumplían normalmente.

El subsecretario de Seguridad, Sergio Berni intentó calmar los ánimos y pidió un plazo de 24 horas para buscar una solución, pero al no poder dar respuestas concretas la propuesta fue rechazada. Si bien la protesta se inició en La Boca, rápidamente se extendió al edificio Guardacostas y posteriormente a las principales unidades prefecturianas de todo el país.

Según denunciaron los prefecturianos al diario Clarín, no solo no los dieron aumentos similares a los de los estatales sino que, además, el decreto 1.307 de este año, que reordenó los salarios en las Fuerzas de Seguridad, les implicó recortes de sueldo de entre el 30% y el 60%, con pérdidas en sus ingresos de 1.500 pesos o más por mes.