El presidente chileno Sebastián Piñera pidió “levantar la vista y buscar en este 11 de septiembre, en que recordamos 45 años del golpe militar, un factor de unidad, de aprendizaje, de enseñanza”. El mandatario encabezó en La Moneda un acto ecuménico, en el cual convocó al país a que “más allá de nuestras legítimas diferencias, tengamos claro que tenemos algo mucho más fuerte que nos une”.
El jefe del Estado Mayor y segundo hombre en jerarquía en el Ejército de Chile, general John Griffiths, prestó testimonio en calidad de inculpado ante la ministra Romy Rutherford por cerca de ocho horas (el 12 de septiembre) donde fue consultado por la eventual devolución de dineros que habrían recibido una serie de oficiales del Ejército por parte de agencias de viajes que tenían convenio con la institución.
El pasado 2 de septiembre se registró una aproximación no habitual del buque hidrográfico ARA Puerto Deseado a la zona marítima bajo control exclusivo de las autoridades británicas, ubicada a unos 40 kilómetros de las islas Malvinas, dijo el diario Infobae. Aparentemente una tormenta desvió a la nave hacia el archipiélago lo que provocó la reacción naval inglesa hasta que todo se aclaró.
La edición impresa de septiembre, numero 335, de TIEMPO MILITAR,comenzó a ser distribuida en la tarde del miércoles para su llegada a sus habituales lugares de expendio en todo el país. Su contenido hace particular hincapié en el poco difundido pronunciamiento del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera condenando la situación de los presos políticos en las cárceles argentinas.
Esta postura crítica, sin precedentes en un pronunciamiento eclesiástico, es saludada, entre otros lectores por el Foro de Generales Retirados. El periódico da cuenta, también. de un encuentro en que las autoridades del Foro tuvieron con el prelado.
En un fallo unánime, la Cámara Federal de la ciudad de Rosario decidió que el secuestro y asesinato del entonces coronel Argentino del Valle Larrabure por parte de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón no fue un delito de lesa humanidad, informó el diario digital Infobae.
