La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia deploró la “arbitraria resolución” del ministerio de Defensa de privar de atención médica en los hospitales militares a quienes están condenados o procesados por su accionar en la lucha antisubversiva y advirtió que “cientos de hombres perseguidos políticamente están siendo condenados a una muerte lenta bajo la indiferencia del país, pese al alerta de unos pocos”
El comunicado, que lleva la firma del presidente de la entidad, Alberto Solanet y su secretario Mariano Gradín, expresa:
“El Ministerio de Defensa ha dictado una arbitraria resolución, prohibiendo que en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas sean internados o asistidos ambulatoriamente los detenidos con condena o procesamiento por delitos de lesa humanidad. Ha ordenado así, a los Estados Mayores de las tres fuerzas, el estricto cumplimiento de esta desmesura. Asimismo, se ha creado una “Comisión de Asesoramiento Médico” con representantes de los Ministerios de Justicia, de Salud y de Defensa, que  en treinta días debe determinar el alta de los actuales pacientes o su traslado.

Por ahora los miembros en actividad de las Fuerzas de Seguridad – Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, ven algo de luz en sus panoramas salariales tras la publicación, el miércoles (23 jul) 2013) de los decretos 853 y 854 fijando nuevos criterios para la liquidación de haberes, es decir blanqueando suplementos y otras consideraciones. No ocurre lo mismo con los integrantes de las FF.AA quienes por decreto 855/13 tendrán el prometido aumento escalonado del 24%, pero sin poder incorporar como haber remunerativo, computable, y previsional, el hasta ahora suplemento transitorio establecido por el decreto 1305/12. Esto, a primera vista, vuelve a dejar afuera a los retirados

El ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó “prohibir el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente” por su actuación en la lucha antisubversiva. La medida, que en algunos casos desde hacía tiempo atrás ya se ponía en práctica, fue acompañada por el descabezamiento de toda la cúpula del Hospital Militar Central, según se informó oficialmente en la noche del viernes (26 jul 2013)
De acuerdo al comunicado oficial, y como consecuencia de la fuga del ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, los militares desplazados son: Marcelo Carlos Gutiérrez (Director General de Salud); Carlos Alberto Ramos (Jefe de Dpto. Técnico de la Dirección General de Salud); Eduardo Jacinto Alemanzor (Jefe de Dpto. Operativo de la Dirección General de Salud); Juan Carlos Adjigogovic (Director General del Hospital Militar Central); Francisco José Gambino (Director Asistencial del Hospital Militar Central); Pedro Gerardo Osores (Director Operativo del Hospital Militar Central), y Eduardo Oscar Suárez (Encargado de oficina de Ayuda Humanitaria del Hospital Militar Central).

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia lamentó que al amparo de “un formidable negociado y la más desvergonzada hipocresía” el Gobierno utilice en función de sus intereses –como acontece ahora con la designación del General César Milani- la política de derechos humanos en función de sus propios intereses y objetivos.
La declaración que lleva la firma del titular de la entidad Alberto Solanet y su secretario, Mariano Gradín, expresa:
“Resulta muy interesante la polémica que se ha abierto con motivo de la designación y ascenso del Gral. Milani, porque ha servido para confirmar que la política de derechos humanos implementada por el régimen instaurado desde el 25 de mayo de 2003, es apenas una ideología perversa, cuyas secuelas manifiestas han sido la generación de un formidable negociado y la más desvergonzada hipocresía.