Carta de lectores publicada por www.lanacion.com.ar
En una reciente conferencia en Chaco, Ricardo Lorenzetti sostuvo que los juicios de lesa humanidad surgieron del “clamor popular”, “de la calle” y que, al transformarse en “política de Estado respaldada por los tres poderes y todos los sectores políticos”, pasaron a integrar “el contrato social de los argentinos”.
Si la legitimidad de un proceso penal se funda en la calle y no en la ley, lo que se celebra no es justicia, sino revancha. En esos juicios, el artículo 18 de la Constitución -que garantiza la irretroactividad de la ley penal, la defensa en juicio y el juez natural- fue violado de manera abierta. Aceptar que la presión social puede torcer la Constitución equivale a admitir que cualquier moda puede legitimar la arbitrariedad. Llamar “política de Estado excepcional” a un proceso asentado en normas inexistentes en el momento de los hechos es una contradicción en sí misma. Y rematar con el “contrato social de los argentinos” no es más que un abuso de Rousseau: maquillaje filosófico barato para encubrir un consenso forzado, fabricado a fuerza de relato, presión mediática y oportunismo político.
José Luis Milia
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