Desde hace dos décadas, el CELS conduce los destinos del país producto del pacto de Horacio Verbitsky con Néstor Kirchner en 2004.
El CELS filtra la designación de jueces y jefes de las FF.AA.; facilita o complica la tarea de periodistas; moviliza a favor de quienes pretenden desconocer al Estado argentino; es querellante serial contra quienes enfrentaron al terrorismo; actúa de consuno y provee cuadros a Justicia Legítima; Verbitsky fue considerado “estratégico” para la inoculación de las primeras vacunas contra el Covid-19 en el vacunatorio vip; no disimula una hostilidad manifiesta contra la moral de los credos tradicionales, y recientemente, ya indignante, pretende justificar el escándalo, como lo propone desde hace bastante la abogada Litchavky, exponiendo explícitamente que las madres acusadas de filicidio –como la de Lucio Dupuy y su cómplice– tendrían un atenuante: no haber podido contar con la posibilidad de abortar. La política de DD.HH. se ha “privatizado” desde 2004 en manos de personas y entidades ideologizadas que la utilizan a su antojo para el logro y la financiación de sus fines. Esta aberrante situación interpela a la oposición: ¿seguirán en este campo –como ocurre en el de los planes sociales– entregando millonarios fondos del Estado a la izquierda revolucionaria y sus ideólogos?
Pedro José Güiraldes
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Publicado en La Nación
