Señor Director: “No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio.” Charles Darwin.
La célebre exclamación de Cicerón, “¡Oh tiempos, oh costumbres!”, resuena hoy con dolorosa vigencia. En el año 63 a.C., indignado ante la impunidad de Catilina —a pesar de las pruebas que lo incriminaban— Cicerón denunció en el Senado Romano la decadencia de las instituciones y la corrupción moral de su tiempo. Dos mil años después, en la Argentina, nos enfrentamos a desafíos similares. Debemos legislar para impedir que los delincuentes accedan al poder, y sin embargo gran parte del Senado se opone.
La decadencia no es nueva, pero se ha hecho más consciente. Aun así, una mayoría silenciosa de ciudadanos —los “cicerones” del presente— sigue indignándose con razón. Lamentablemente, el diseño electoral imperante permite que la primera minoría conforme el Congreso, mientras el Ejecutivo surge de la mayoría, sembrando el campo fértil de la ingobernabilidad.
Pero la indignación moral no es suficiente. A esta le debemos sumar otro fenómeno más sutil pero igual de grave: la incapacidad de gran parte de nuestra dirigencia para comprender el “tiempo”. Porque el tiempo —en su triple dimensión cronológica, de oportunidad y de ritmo— es una categoría estratégica. En esta etapa civilizatoria caracterizada por una aceleración sin precedentes, muchos actores políticos no logran adaptarse. Algunos cerebros se atrasan. Confunden pasado con presente y responden a amenazas del ayer con instrumentos oxidados. Como dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más sabio, sino el que se adapta al cambio.
En diciembre de 2023 advertimos que, si el nuevo gobierno no transformaba de inmediato su política de defensa y seguridad nacional, perdería una oportunidad histórica. Esa transformación no ocurrió, aún. En abril de 2025 lo reiteramos: sin planificación, sin doctrina, sin inteligencia estratégica, sin equipamiento adecuado, cualquier despliegue militar sería imprudente y riesgoso.
El 11 de abril se anunció la “Operación Julio A. Roca”, formalizada por la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa. Se desplegó o desplegaría el equivalente a una división —10.000 efectivos— en la frontera norte. Si esta operación es más que un despliegue y conlleva misiones operacionales de vigilancia y control, no se informó planeamiento estratégico alguno, ni marco legal específico. Lo más grave: las tropas operan bajo el Código Penal Ordinario, bajo el cual una muerte en enfrentamiento será tipificada como homicidio. Es decir, en caso de enfrentamiento armado, los militares podrían ser juzgados por fiscales y jueces de “Justicia Legítima”, como en los juicios de lesa humanidad que siguen afectando a soldados de los años ’70.
La situación es inaceptable. ¿Cómo puede pretenderse que los oficiales de esta generación enfrenten las amenazas actuales en las mismas condiciones que las de hace medio siglo? Sin planeamiento, sin doctrina, sin inteligencia, sin ley, sin código militar, sin alianzas internacionales. Y, además, con una estructura legal y política que sigue respondiendo a los parámetros establecidos por los derrotados de los ’70, que lograron legislar en 1988 y 1991 una Seguridad Nacional diseñada para desarmar moral y funcionalmente a las Fuerzas Armadas.
Publicamos el 1º de mayo el ensayo “Zapatero… a tus zapatos”, donde señalamos estas incongruencias. La respuesta no fue un debate, sino una descalificación personal. El actual Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, coronel y licenciado Marcelo Rozas Garay, recurrió a las redes sociales para calificarme —públicamente— como “el general zapatero”.
Evidentemente leyó el título, pero no comprendió su sentido. La expresión proviene de una antigua anécdota del pintor griego Apeles, quien corrigió a un zapatero que pretendía opinar fuera de su oficio. En este caso, Señor Viceministro, el zapatero es usted. Y si tanto le preocupan los oficios, le sugiero con respeto: lea el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional —donde se establece que la única condición para ejercer cargos públicos es la idoneidad— y, hecho eso, convoque a un sastre. Porque la Argentina no necesita improvisaciones: necesita trajes a medida para enfrentar amenazas reales.
Y esas amenazas existen. Desde el Foro de São Paulo se lanzó en 2019 una contraofensiva revolucionaria que ya logró reinstalar a Lula en Brasil, colocar a Boric en Chile, a Petro en Colombia, y mantener las tiranías de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En nuestro país, esa misma estrategia busca regresar al poder en 2027. Mientras tanto, muchos dirigentes niegan la existencia de una revolución en marcha. Prefieren hablar de populismo, kirchnerismo o peronismo. Así se invisibiliza la subversión castro comunista, cuyo sostén económico es hoy el narcoterrorismo regional.
Y es en este contexto donde se lanza la “Operación Roca”, celebrada tanto por Rozas Garay como seguramente por Horacio Verbitsky. El primero, con ingenuidad técnica o fervor político en un año electoral. El segundo, con cálculo estratégico. Ambos, desde lugares distintos, aplauden el despliegue. El primero lo hace afirmando que “recién ahora” comienza el planeamiento, la capacitación y el equipamiento adecuado. ¿No deberían haber comenzado antes de desplegar tropas? ¿Cuál fue el planeamiento estratégico? ¿Dónde está la inteligencia previa? ¿Qué doctrina sustenta la operación? Ninguna.
Y lo peor: ni una resolución ministerial ni un decreto pueden suplantar las leyes. La “vigilancia y control de fronteras” por parte de las FF.AA., en el interior, será inexorablemente explotada por la maquinaria judicial y mediática afín al viejo régimen. Es probable que ya se esté preparando un “incidente no provocado” —como el caso Carrasco— o, peor aún, uno “provocado”, al estilo Donbass, para ser usado políticamente. El objetivo: generar los “primeros desaparecidos, torturados o estaqueados del gobierno de Milei”, y reiniciar la maquinaria de los juicios de lesa, que ya se queda sin ancianos para condenar.
Desde 1988, las FF.AA. fueron arrinconadas mediante leyes que las relegaron a la defensa civil. Se les quitó la capacidad de disuasión, se las desprofesionalizó y se las convirtió en meras fuerzas auxiliares de policía. Hoy, el intento de reemplazar a la Gendarmería sin modificar doctrina ni legislación solo agrava el problema. No se trata de intercambiar funciones entre policías y militares. Se trata de decirle la verdad al mandante: al pueblo argentino.
El verdadero riesgo estratégico es la disolución del Estado institucional, infiltrado en sus tres poderes. La verdadera amenaza es el narcoterrorismo, que actúa como brazo operativo y financiero del proyecto Castro comunista en América Latina. Negarlo es insensatez. Callarlo es complicidad.
En este escenario, desplegar soldados sin doctrina, sin amparo jurídico y sin objetivos definidos no es solo una irresponsabilidad: es una trampa. Y los enemigos de la Nación —los verdaderos, no los imaginarios— están atentos a cada paso en falso. No se trata de eludir las amenazas, se trata de obrar bien.
Como en tiempos de Cicerón, nos queda la voz y la advertencia. Pero también, como él, tenemos el deber de decir lo que muchos callan.
Grl Br R Heriberto Justo Auel
Analista en estrategia y defensa nacional
