Por Roberto Arnaiz *colaboración para TIEMPO MILITAR
Bolivia ya no enfrenta únicamente una desaceleración económica. Enfrenta el agotamiento de un modelo estatal construido durante dos décadas sobre renta hidrocarburífera, subsidios y gobernabilidad corporativa.
Las filas para conseguir combustible, la escasez de dólares, los bloqueos permanentes y la fractura interna del oficialismo son apenas las expresiones más visibles de un deterioro más profundo: la pérdida gradual de capacidad del Estado para sostener estabilidad económica, cohesión política y control territorial al mismo tiempo.
Durante el auge del gas, entre 2006 y 2014, Bolivia logró combinar crecimiento económico, expansión del gasto público y estabilidad social. Las reservas internacionales superaron los 15.000 millones de dólares y las exportaciones gasíferas llegaron a representar más de la mitad de las exportaciones nacionales.
Ese ciclo permitió al Movimiento al Socialismo consolidar una estructura de poder inédita en la historia reciente boliviana. Evo Morales no solo construyó liderazgo político: también articuló un modelo de gobernabilidad apoyado en sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos cocaleros y estructuras territoriales cuya relación con el Estado dejó de ser exclusivamente institucional para transformarse en un sistema de intercambio político y dependencia mutua.
Mientras existieron recursos suficientes, el equilibrio funcionó.
La estabilidad macroeconómica permitió sostener subsidios, ampliar gasto público y reducir tensiones sociales, mientras el oficialismo consolidaba capacidad de movilización y control político sobre amplios sectores del país.
El problema comenzó cuando la renta energética empezó a desaparecer.
El agotamiento del modelo
La caída de la producción gasífera redujo drásticamente el ingreso de divisas y debilitó la principal fuente de financiamiento estatal. Bolivia pasó de producir cerca de 59,6 millones de metros cúbicos diarios de gas en 2014 a apenas 27,3 millones en 2025, mientras las exportaciones hidrocarburíferas sufrieron un derrumbe cercano al 78%.
El impacto fiscal fue profundo. Los ingresos vinculados a hidrocarburos, que en 2013 representaban aproximadamente un tercio de los ingresos fiscales, descendieron desde unos 12.800 millones de dólares a menos de 3.000 millones anuales.
Sin dólares provenientes del gas, el Estado comenzó a perder capacidad para sostener subsidios, financiar importaciones energéticas y defender la estabilidad cambiaria sin recurrir crecientemente al endeudamiento.
Las reservas internacionales netas descendieron desde más de 15.000 millones de dólares en 2014 hasta alrededor de 3.700 millones hacia finales de 2025. Al mismo tiempo, la deuda pública escaló desde el 31% del PIB hasta niveles superiores al 90% del producto.
Para evitar un deterioro social abrupto, el gobierno profundizó el gasto en subsidios energéticos. Solo el subsidio a combustibles llegó a superar los 3.000 millones de dólares anuales, mientras distintas estimaciones ubican el costo total de subsidios hidrocarburíferos cerca del 11,6% del PIB.
Sin embargo, incluso ese esquema comenzó a mostrar límites financieros.
Desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia en noviembre de 2025, el gobierno avanzó en una reducción parcial de subsidios con el objetivo de contener el déficit fiscal y disminuir la presión sobre las cuentas públicas.
El ajuste impactó rápidamente sobre los precios.
El litro de diésel pasó de 3,72 a 9,80 bolivianos, mientras la gasolina premium subió de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro. Paralelamente, Bolivia comenzó a registrar la inflación más elevada de las últimas décadas. La inflación interanual alcanzó el 13,22% en febrero de 2025, aunque algunos alimentos básicos mostraron incrementos mucho más severos.
La percepción de estabilidad comenzó a deteriorarse rápidamente.
El ciudadano común lo percibe en las filas para conseguir combustible. El comerciante, en el dólar paralelo. El transportista, en el aumento permanente de costos.
Cuando una sociedad pierde confianza en la capacidad del Estado para garantizar normalidad económica, la tensión política deja de ser episódica y se vuelve estructural.
El problema boliviano no es únicamente fiscal. Es también un problema de economía política: el Estado ya no dispone de los recursos necesarios para sostener el mismo nivel de gobernabilidad que administró durante el ciclo de abundancia energética.
Ese fenómeno no es exclusivo de Bolivia. Como ocurrió en otros países latinoamericanos altamente dependientes de commodities —desde la renta petrolera venezolana hasta el ciclo exportador ecuatoriano— la estabilidad política quedó fuertemente atada a ingresos extraordinarios difíciles de reemplazar una vez agotado el ciclo externo favorable.
El poder territorial y la fragmentación de la autoridad
En ese contexto, Evo Morales continúa siendo uno de los principales factores de presión política y movilización territorial del país. Aunque ya no controla formalmente el gobierno, conserva influencia sindical, capacidad de movilización y redes políticas construidas durante décadas.
El evismo no depende exclusivamente de cargos institucionales. Su fortaleza reside en estructuras territoriales capaces de coordinar bloqueos, protestas y presión social sobre sectores estratégicos del país. En regiones como el Chapare, esa capacidad de veto territorial continúa condicionando decisiones del propio gobierno.
A eso se suma otro factor estructural que el Estado boliviano nunca logró desarticular completamente: la expansión de economías informales e ilícitas vinculadas al circuito de producción de coca excedentaria y narcotráfico regional.
En determinadas regiones, esas economías funcionan como fuentes paralelas de financiamiento, empleo y circulación de divisas, fortaleciendo redes territoriales cuya capacidad de autonomía excede muchas veces los márgenes tradicionales de control estatal.
Ese fenómeno no implica necesariamente una captura total del Estado por estructuras criminales, pero sí evidencia niveles crecientes de superposición entre informalidad económica, poder territorial y gobernabilidad política.
En contextos de debilitamiento fiscal, las economías ilícitas suelen adquirir relevancia no solo criminal sino también social, al reemplazar parcialmente funciones de financiamiento, empleo y circulación monetaria que el propio Estado ya no puede garantizar plenamente.
A eso se suma el desgaste internacional de la figura de Morales y las controversias judiciales que profundizaron todavía más la fractura interna dentro del oficialismo.
Por eso los bloqueos ya no funcionan únicamente como protestas sociales. También operan como mecanismos de demostración de fuerza política.
Cada corte de ruta expone una realidad incómoda para el sistema político boliviano: el monopolio efectivo de control territorial ya no se encuentra completamente concentrado en el Estado.
La crisis además dejó al descubierto problemas estructurales de larga duración. Más del 80% del empleo boliviano opera en condiciones de informalidad y amplios sectores sociales dependen directa o indirectamente del gasto estatal, subsidios o estructuras corporativas vinculadas al poder político.
Décadas de baja institucionalización, dependencia económica y precariedad laboral consolidaron un terreno fértil para liderazgos capaces de transformar asistencia estatal en disciplina política y capacidad de movilización.
En ese escenario, la conflictividad permanente comenzó a integrarse al funcionamiento cotidiano del sistema político.
La principal disputa ya no ocurre entre oficialismo y oposición tradicional, sino dentro del propio bloque político que gobernó Bolivia durante casi veinte años.
El Movimiento al Socialismo dejó de funcionar como una estructura cohesionada y comenzó a fragmentarse en disputas internas, liderazgos rivales y tensiones territoriales cada vez más visibles.
Eso vuelve todavía más incierta la capacidad del sistema político para administrar la crisis sin una escalada mayor de conflictividad.
El riesgo político
Las crisis latinoamericanas rara vez colapsan exclusivamente por indicadores macroeconómicos. Muchas veces se aceleran a partir de episodios simbólicos capaces de alterar el clima emocional de una sociedad: una represión mal calculada, un enfrentamiento durante un bloqueo o un episodio de violencia viralizado en tiempo real.
En contextos polarizados, esos eventos pueden erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental y multiplicar la conflictividad.
Bolivia enfrenta hoy tres riesgos simultáneos.
El primero es una estabilización precaria: ajuste gradual, deterioro social administrado y creciente dependencia del endeudamiento para evitar un colapso financiero inmediato.
El segundo es una implosión política: escalada de bloqueos, fractura total del oficialismo y pérdida acelerada de capacidad estatal para garantizar circulación, abastecimiento y estabilidad.
El tercero es una reconfiguración del poder: surgimiento de nuevos acuerdos corporativos, mayor descentralización informal del control territorial y aparición de liderazgos capaces de reemplazar parcialmente al ciclo político dominado por el MAS.
Mientras tanto, actores externos observan con creciente preocupación el deterioro boliviano. Brasil sigue con atención la caída de la capacidad energética del país, mientras China mantiene interés estratégico sobre el litio boliviano pese a la creciente fragilidad institucional y financiera.
Bolivia todavía posee recursos naturales, capacidad productiva y valor geopolítico regional.
Lo que perdió es previsibilidad.
Y esa pérdida de previsibilidad modifica completamente la naturaleza de la crisis.
Porque cuando la estabilidad de un Estado depende crecientemente del equilibrio entre subsidios, endeudamiento, presión callejera, economías paralelas y pactos corporativos, la gobernabilidad deja de basarse en autoridad institucional y comienza a convertirse en negociación permanente.
Bolivia todavía no colapsó.
Pero el modelo político y económico que sostuvo estabilidad durante dos décadas comenzó a agotarse más rápido de lo que sus propios actores parecen capaces de administrar.
*Licenciado en Historia y especialista en geopolítica. DNI: 13.862.378
