Por Roberto Arnaiz* colaboración para TIEMPO MILITAR
La colaboración secreta del régimen de Pinochet con el Reino Unido y una herida que todavía exige respuestas
La relación entre la Argentina y Chile contiene momentos de extraordinaria grandeza y episodios profundamente dolorosos. Entre estos últimos, ninguno resulta tan difícil de comprender como la colaboración brindada por el régimen de Augusto Pinochet al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas.
El libro El Pacto Perfecto, de los periodistas chilenos Daniel Avendaño y Mauricio Palma, promete revelar la dimensión de aquella ayuda mediante documentos procedentes de archivos británicos y chilenos. Un adelanto publicado por La Nación sostiene que incluyó inteligencia, alerta temprana, radares, utilización de aeródromos, apoyo logístico y protección a militares británicos.
Todavía será necesario leer la investigación completa y examinar sus fuentes. Sin embargo, el núcleo de la colaboración ya cuenta con reconocimientos suficientemente sólidos. La pregunta, por lo tanto, no es si existió, sino hasta dónde llegó.
La ayuda que ya no puede negarse
En 1999, Margaret Thatcher reconoció públicamente que Chile había proporcionado información anticipada sobre los ataques aéreos argentinos. Esa inteligencia permitió a la fuerza naval británica adoptar medidas defensivas y, según sus propias palabras, evitó numerosas bajas.
La ex primera ministra explicó que el radar chileno de largo alcance debió ser apagado por mantenimiento el 8 de junio de 1982. Ese mismo día, la aviación argentina atacó los buques de desembarco Sir Galahad y Sir Tristram en Bahía Agradable. Para Thatcher, la coincidencia demostraba el valor de la información recibida.
Fernando Matthei, comandante de la Fuerza Aérea chilena durante el conflicto, fue todavía más explícito. En 2005 declaró:
“Hice todo lo que tenía que hacer para defender a Chile. A mí me pagaban para eso. La amistad con los argentinos era problema de otros. Yo hice todo lo posible para que la Argentina perdiera la guerra de las Malvinas”.
La frase no expresa una simple simpatía diplomática. Reconoce la adopción de decisiones destinadas a favorecer la derrota argentina.
Los antecedentes conocidos describen la transmisión de información obtenida por radares chilenos, la presencia de personal británico, la utilización de aeródromos y el apoyo a aeronaves de reconocimiento. A ello se sumó la devolución temporal del petrolero Tidepool, vendido a Chile, pero reincorporado a la flota logística británica durante la guerra.
Si el libro confirma documentalmente la totalidad de estas operaciones, resultará difícil sostener que la neutralidad chilena haya sido real y no meramente formal.
Entre la colaboración comprobada y las hipótesis
La gravedad del caso exige diferenciar los hechos documentados de las operaciones estudiadas o todavía no demostradas.
Un documento del Ministerio de Defensa británico analizó distintas alternativas para recuperar las islas, entre ellas un posible desembarco en Tierra del Fuego y una alianza militar con Chile. Su existencia demuestra que Londres consideró esas opciones, pero no que el gobierno chileno las hubiera aceptado.
Tampoco se ha probado que Chile proporcionara las coordenadas del crucero General Belgrano antes de su hundimiento. El propio adelanto periodístico reconoce que esa versión aparece en investigaciones británicas, pero carece de una confirmación concluyente.
La verdad histórica no necesita exageraciones. Debemos distinguir los planes concebidos de las acciones ejecutadas, las sospechas de los hechos y las declaraciones posteriores de las órdenes efectivamente impartidas en 1982. Lo que ya se encuentra comprobado es suficientemente grave.
Plum Duff: comandos británicos en territorio chileno
Uno de los episodios más delicados fue la Operación Plum Duff. El 17 de mayo de 1982, un helicóptero Sea King transportó a un equipo del Servicio Aéreo Especial británico encargado de reconocer el área de Río Grande.
La misión constituía el paso previo a la proyectada Operación Mikado, cuyo objetivo era atacar la Base Aeronaval Almirante Quijada, destruir los aviones Super Étendard y eliminar los misiles Exocet que amenazaban a la flota británica.
La operación de reconocimiento fracasó. El helicóptero cruzó hacia Chile, donde fue destruido por sus tripulantes. Los tres aviadores quedaron expuestos públicamente, pero los ocho integrantes del SAS permanecieron ocultos y habrían sido ayudados a abandonar el territorio.
Si las autoridades chilenas conocieron la naturaleza de la misión y protegieron a los comandos, no se trató simplemente del auxilio prestado a militares extranjeros accidentados. Significó encubrir a una fuerza que preparaba una operación ofensiva contra una base situada en territorio continental argentino.
El contexto de 1978
Comprender las razones de una decisión no significa justificarla. Cuatro años antes de Malvinas, la Argentina y Chile habían estado al borde de la guerra por el conflicto del Beagle.
La Junta Militar argentina puso en marcha la Operación Soberanía, prevista para comenzar el 22 de diciembre de 1978. El enfrentamiento fue detenido cuando ya parecía inminente, pero la amenaza dejó una huella profunda en los mandos chilenos.
La Argentina llegó a Malvinas conducida por los mismos jefes militares que habían colocado a ambos países al borde de la guerra. Esa continuidad alimentó el temor de que una victoria argentina fortaleciera a la Junta y reabriera posteriormente el conflicto austral.
Los gobernantes chilenos interpretaron entonces que una derrota argentina favorecía la seguridad de su país. La antigua fórmula “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” encontró allí una de sus expresiones más crudas.
Ese contexto permite explicar la conducta de Santiago, pero no elimina su gravedad. Chile tenía derecho a reforzar su frontera y prepararse ante una eventual agresión. Eso no implicaba necesariamente proporcionar inteligencia operacional y apoyo logístico a una potencia extracontinental que combatía contra un país vecino.
También debe reconocerse la enorme irresponsabilidad estratégica de la dictadura argentina. La Junta inició una guerra contra el Reino Unido sin haber resuelto el conflicto con Chile, manteniendo una extensa frontera bajo tensión y ofreciendo a Londres un aliado circunstancial de enorme valor.
La responsabilidad argentina no absuelve a quienes colaboraron con las fuerzas británicas. Pero ignorarla impediría comprender por qué ocurrió.
De la gesta de los Andes a Malvinas
El episodio resulta especialmente doloroso por la historia compartida. En 1817, las Provincias Unidas, bajo la conducción política y militar de San Martín en Cuyo, organizaron y sostuvieron el Ejército de los Andes.
La fuerza fue preparada mayoritariamente con hombres y recursos rioplatenses, aunque también participaron oficiales y patriotas chilenos refugiados después de la derrota de Rancagua. Su objetivo era cruzar la cordillera, terminar con el poder realista en Chile y continuar la campaña libertadora hacia el Perú.
San Martín no pretendió conquistar el territorio chileno ni incorporarlo a las Provincias Unidas. Después de la victoria de Chacabuco rechazó el poder que le ofrecieron y respaldó la conducción de Bernardo O’Higgins.
La independencia de Chile fue el resultado de una empresa sudamericana compartida, aunque el esfuerzo realizado desde Cuyo resultó decisivo. Esa gesta unió a argentinos y chilenos en una causa superior a sus diferencias.
Por eso resulta inevitable preguntarse cómo dos naciones vinculadas por el Ejército de los Andes llegaron, 165 años después, a encontrarse en posiciones tan dolorosamente enfrentadas.
La respuesta no puede buscarse en una supuesta ingratitud permanente del pueblo chileno. Los Estados no conservan gratitud durante siglos: actúan según sus intereses, amenazas y percepciones de cada época. Sin embargo, esta realidad no elimina la dimensión moral del contraste.
En 1817, hombres de ambos lados de la cordillera combatieron contra el poder colonial. En 1982, un régimen chileno colaboró secretamente con una potencia extracontinental que enfrentaba a la Argentina por la soberanía de las Malvinas.
Una responsabilidad que no alcanza a todo Chile
La colaboración fue articulada principalmente por Fernando Matthei y el almirante José Toribio Merino. El grado de conocimiento directo de Augusto Pinochet continúa siendo objeto de discusión, aunque, como presidente y máxima autoridad del régimen, no podía quedar desligado de la responsabilidad política del Estado.
Los testimonios indican que Pinochet procuró mantener distancia y permitió que los mandos militares asumieran formalmente las consecuencias. Esa precaución no necesariamente demuestra desconocimiento; también pudo constituir una forma de preservar la posibilidad de negar posteriormente la operación.
Lo que no corresponde es trasladar aquella responsabilidad al conjunto del pueblo chileno. En 1982, Chile vivía bajo una dictadura. Sus ciudadanos no conocían el alcance de esas actividades ni tenían posibilidades de controlarlas o discutirlas públicamente.
Los autores de El Pacto Perfecto son, precisamente, dos periodistas chilenos que investigaron durante años la documentación y decidieron revelar estos hechos. Su trabajo demuestra que dentro de Chile también existe voluntad de conocer la verdad y revisar críticamente su propia historia.
Además, durante la guerra se produjo un gesto que merece ser recordado. El buque chileno Piloto Pardo participó en la búsqueda de los náufragos del General Belgrano y recuperó los cuerpos de dos marinos argentinos. Mientras algunos mandos colaboraban con Londres, otros hombres de mar cumplieron el deber universal de auxiliar a las víctimas de un naufragio.
Verdad para construir el futuro
La Argentina puede y debe mantener una relación madura con Chile. Ambos países comparten más de cinco mil kilómetros de frontera, vínculos familiares, intereses económicos, pasos cordilleranos, recursos estratégicos y responsabilidades comunes en la Antártida.
Mantener esa relación no significa olvidar lo sucedido ni aceptar una versión complaciente de la historia. La verdadera amistad entre naciones no puede construirse sobre documentos ocultos, silencios diplomáticos o verdades incompletas.
La reconciliación requiere que ambos países faciliten el acceso a sus archivos, permitan investigar las operaciones realizadas y reconozcan con honestidad sus respectivas responsabilidades. La Argentina debe asumir la temeridad de una Junta que estuvo dispuesta a enfrentar sucesivamente a Chile y al Reino Unido. Chile debe esclarecer la magnitud de la ayuda proporcionada a las fuerzas británicas.
Desde el Tratado de Paz y Amistad de 1984, los dos países construyeron mecanismos de cooperación que permitieron superar el riesgo de una guerra. Romper hoy esa relación como respuesta a decisiones adoptadas por dos dictaduras hace más de cuatro décadas significaría regresar a la lógica que produjo la tragedia.
Lo sucedido en 1982 fue grave. El régimen chileno proclamó su neutralidad mientras determinados mandos proporcionaban ventajas militares al adversario de la Argentina. Esa colaboración contribuyó al esfuerzo británico y puso en peligro la vida de los combatientes argentinos.
Pero convertir esa conducta en una acusación contra todo el pueblo chileno sería histórica y moralmente injusto. No debemos reemplazar el ocultamiento por el resentimiento ni responder a una herida verdadera construyendo un odio nuevo.
La Argentina debe recordar. Chile debe reconocer. Ambos deben investigar.
Porque la amistad auténtica no consiste en esconder las heridas, sino en atreverse a examinarlas juntos. Solo la verdad permitirá comprender cómo dos pueblos que lucharon unidos por la libertad estuvieron, en 1982, peligrosamente enfrentados.
Y también ayudará a impedir que vuelva a suceder.
* Licenciado en Historia y especialista en geopolítica. DNI: 13.862.378
