Por TV/fl publicado por www.perfil.com
El bloque opositor argumenta que las reformas de la policía, Gendarmería, Servicio Penitenciario, PSA y Prefectura son ilegales. Desde el oficialismo aseguran que el Gobierno estaba habilitado a tomar esa decisión en el marco de la Ley Bases.
Unión por la Patria anunció que buscará reunir mayoría en el Congreso para derogar los DNU del Poder Ejecutivo que reformaron la estructura de las fuerzas de seguridad. El bloque opositor insiste en que la emergencia de seguridad no fue parte de la Ley Bases, por lo que los decretos delegados carecen de respaldo legal.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior citó este martes a funcionarios nacionales para que brinden detalles sobre el alcance de las medidas firmadas el pasado 8 de julio, un día antes del fin de las facultades delegadas del Ejecutivo nacional. Se trata de cuatro decretos que reformaron los estatutos de la Policía Federal (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
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Una de las modificaciones que implementó el nuevo marco legal de las fuerzas fue el pase de la PSA, la PNA y el SPF al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Anteriormente, se encontraban distribuidos entre el Ministerio del Interior (PSA), la Armada nacional (PNA) y el Ministerio de Justicia (SPF). Además, a partir de los DNUs, todas las fuerzas federales quedan atravesadas por el nuevo esquema del Sistema Nacional de Inteligencia.
Los encargados de representar al Gobierno ante la comisión, presidida por el senador Martín Goerling Lara (PRO), fueron Diego Freitas Ortiz de Rosas, director nacional de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera.
Comisión Bicameral
Según Ortiz de Rosas, las medidas buscaron "redefinir las misiones y reestructuración" de las fuerzas; "priorizar recursos"; y lograr el "fortalecimiento de recursos humanos", la "modernización técnica" y una nueva "gobernanza". El principal argumento de los funcionarios para defender los decretos delegados fue que "las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración" y, como la reforma de la administración pública forma parte de la Ley Bases, el Gobierno estaba habilitado a tomar esa decisión.
Como única voz de La Libertad Avanza (LLA) en la comisión, el diputado Santiago Pauli se lamentó de no haber debatido estos temas antes en el Congreso, aunque agregó: "Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos. Ya tuvimos proyectos que apuntaban a más seguridad y no lo logramos".
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Pero desde UP remarcaron que la declaración de Emergencia en Seguridad fue eliminada de la ley ómnibus. “Estas reformas exceden lo expresado por los legisladores. Son reformas ilegales, hay una extralimitación del Poder Ejecutivo. No hay que tenerle miedo al debate democrático”, sostuvo el diputado José Glinski, quien cuestionó que las reformas no se hayan discutido en el Congreso.
"Además, la Constitución impide firmar decretos en materia penal", agregó la diputada Carolina Gaillard, y adelantó que desde este martes los diputados están habilitados a tratar el decreto en recinto para rechazarlo.
Los DNU, como los decretos dictados en el marco de facultades delegadas, deben ser tratados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El cuerpo debe emitir un dictamen de aprobación o rechazo para que el tema llegue al recinto. Sin embargo, vencido el plazo de diez días hábiles, si la Comisión no trata la medida, las Cámaras pueden llevarlos al recinto.
El plan de los legisladores peronistas es tratar primero la reforma de la Policía Federal, un punto que podría ser incorporado al próximo pedido de sesión. Se prevé que el tratamiento de los decretos llegue a los recintos después del receso legislativo, previsto para agosto.
