Editorial de La Nación publicado por www.lanacion.com.ar
El ascenso de militares que habían sido discriminados por “portación de apellido” constituye una loable e indispensable reivindicación
Las Fuerzas Armadas fueron perseguidas y discriminadas durante años por la gestión nacional del kirchnerismo
El Congreso de la Nación trató la situación de una decena de oficiales del Ejército y de la Armada que no habían sido ascendidos cuando correspondía por obra de actos de discriminación ilegal contra miembros de las Fuerzas Armadas durante la administración kirchnerista, en especial en la lamentable gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Defensa.
La reparación alcanzó a oficiales que fueron afectados por razones que nada tenían que ver con su desempeño profesional, sino por “portación de apellido”. Se trató de parientes de personas que integraron el gobierno militar o fueron denunciadas por delitos de lesa humanidad. Hacerles pagar a los descendientes supuestas faltas cometidas por sus progenitores, resultó algo abominable no solo por los principios violentados del derecho, sino también de la moral.
Tan particulares sanciones no fueron actos aislados, sino parte de un programa sistemático de persecución, discriminación e ideologización de las Fuerzas Armadas. El siniestro plan incluyó el cambio en los programas educativos, la extracción de placas recordatorias de efectivos muertos por actos terroristas, la supresión de todo recuerdo de esas víctimas, el castigo a quienes concurrieran a actos en su homenaje, y la puesta a disposición del Ministerio de Defensa en la persecución de efectivos sospechados de haber sido empleados en la guerra antisubversiva, aun cuando ello implicara la revelación de datos confidenciales y secretos de la Nación. Que esos hechos pudieran haberse realizado con la complicidad de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, fue una manifestación degradante que esperemos no vuelva a repetirse.
La designación de Natalia Federman como Directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, requirió la sanción de dos decretos de excepción del Poder Ejecutivo, por tratarse de una ciudadana británica. Natalia Federman había nacido en el Reino Unido durante el exilio de su progenitor, Andrés Federman, antiguo compañero de Horacio Verbitsky en la organización guerrillera Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Se trata de quien se desempeñó durante veinte años, en su regreso al país ya, recuperada la democracia, como jefe de prensa de la Embajada Británica en Buenos Aires, en un fenómeno que, como se comprenderá, llamó la atención de los observadores políticos y diplomáticos.
Particulares sanciones no fueron actos aislados, sino parte de un programa sistemático de persecución, discriminación e ideologización de las Fuerzas Armadas
Durante la gestión de su hija Natalia en el Ministerio de Defensa, se decidió instrumentar una nueva estrategia mediante la creación de los “Equipos de Relevamiento y Análisis Documental”, que estaban formados por jóvenes militantes que tuvieron como función relevar la documentación obrante en los archivos militares. A diferencia de lo que había ocurrido hasta ese momento, tales equipos comenzaron a trabajar directamente en el contenido de los archivos.
Fue esa la primera vez que investigadores no pertenecientes a las Fuerzas Armadas contaron con “acceso irrestricto” a toda la documentación reservada. Las organizaciones de derechos humanos pidieron el 28 de junio de 2020 la disolución del Vicariato Castrense, acusando a la Iglesia Católica de genocida.
La disolución -que no lograron concretar- del histórico Vicariato, considerado “como un modo de discriminación practicado contra otras confesiones”, estaba prevista en el anexo que no fue publicado durante años del decreto 1086/2005, firmado por Néstor Kirchner y Alberto Fernandez, cuyo contenido significaba un cambio cultural radicalizado respecto de la matriz cultural histórica de nuestro país.
La reparación dispuesta ahora respecto de oficiales discriminados, aunque tardía, constituye un acto de reivindicación tan loable como imprescindible.
