Editorial de La Nación publicado en www.lanacion.com.ar
Resulta más que necesario el proyecto del diputado López Murphy para que se compense a los heridos graves y herederos de los muertos por la guerrilla
El diputado nacional Ricardo López Murphy acaba de presentar un proyecto de ley para que el Estado argentino comience a reconocer y reparar económica y moralmente a las víctimas de los ataques perpetrados por las organizaciones terroristas que asolaron el país desde 1960 hasta su última manifestación armada en 1989, cuando la siniestra organización Todos por la Patria asaltó los cuarteles militares de La Tablada. El proyecto dispone el otorgamiento por única vez a dichas víctimas o sus herederos de una suma de dinero con carácter reparatorio para todos los casos en los cuales los atentados terroristas hayan provocado la muerte de personas, lesiones graves o gravísimas, o privaciones de libertad por más de 72 horas. La iniciativa dispone también la realización de actos de reparación moral, emplazamiento de monumentos, memoriales conmemorativos o cualquier otra forma que asegure el recuerdo y reconocimiento de las víctimas de tales ataques.
Cabe recordar que en septiembre último, el Senado ratificó el DNU de 2019, de Mauricio Macri, que otorgó una compensación económica a los soldados heridos y a los herederos de quienes murieron durante el enfrentamiento con Montoneros, que en 1975 atacó el Regimiento de Infantería de Monte N° 29, en Formosa, conocido como “Operación Primicia”.
La aparición del terrorismo en la Argentina, derivado de la Guerra Fría entre el mundo libre y la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo pasado, constituye la mayor tragedia afrontada por el país desde su nacimiento. Ninguno de los gravísimos enfrentamientos internos vividos en nuestra historia generó más atentados criminales, ataques a cuarteles militares y comisarías, secuestros extorsivos y daños materiales y morales que los provocados por esas bandas constituidas, paradójicamente, por jóvenes provenientes de estratos medios y medios altos de la sociedad, deslumbrados por la visión utópica, maniquea y pesimista de la doctrina marxista en boga en aquella época y que, en sus diferentes versiones, imponía la violencia como único método y solución para lograr un cambio abrupto de la sociedad, eliminando todo obstáculo institucional o humano para arribar a la dictadura del proletariado, paso necesario para llegar al “paraíso” igualitario que pregonaba.
La ofensiva guerrillera provocó más de 17.000 víctimas. La reacción estatal provocada por la ofensiva guerrillera, que abarcó todo el continente centro y sudamericano, dejó en nuestro país un saldo trágico de más de 8000 víctimas de la represión estatal según datos del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, más de 6000 de ellas desaparecidas. La tragedia no se limitó a la eliminación de vidas y la ruina y atraso que los enfrentamientos provocaron en un país lacerado y dividido. Los juicios a las juntas militares y las cúpulas guerrilleras intentaron generar una lección de justicia humana, solo alcanzable por la vía de la legalidad, mientras que las normas democráticas de amnistía e indultos presidenciales pretendieron dejar atrás el pasado con miras al logro de la paz y la unión nacional. Pero el revanchismo dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad volvió con el kirchnerismo enmascarado tras el loable propósito de la lucha contra la impunidad. El método fue la presión política sobre una Justicia que no resistió el embate y dictó fallos discriminatorios que terminaron por derrumbar las garantías constitucionales que protegían a todos los ciudadanos en democracia. Lo hizo a través de sucesivos fallos de la nueva mayoría instalada en la Corte Suprema con el objetivo de cumplir el cometido político de volver a juzgar los hechos, pero solo los cometidos por los militares.
La persecución se extendería rápidamente a los jueces que condenaron a terroristas, a policías y agentes de seguridad sin distinción de jerarquías, a empresarios y a opositores políticos del gobierno dando paso, como ocurrió en casi toda iniciativa kirchnerista, a un descomunal negociado indemnizatorio para quienes se presentaron como víctimas del terrorismo de Estado sin controles serios de veracidad, respaldo probatorio mínimo o control. El proyecto de López Murphy está inspirado en las normas de pacificación que paulatinamente llevaron al Uruguay a una concordia mínima que reencauzara los ánimos y sentimientos de los ciudadanos hacia la paz y el perdón mutuos.
Como ha señalado el papa Francisco, imputado falsamente en estos procesos por los agentes del odio, sin perdón toda familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Quien no perdona se enferma física y espiritualmente. Glosando otras de sus palabras, toda nación, como toda familia, necesita ser un lugar de vida y no de muerte, un territorio de cura y no de enfermedad. Se requiere para ello independencia de criterio y grandeza de alma, como la que tuvieron ante similares o peores dramas diversos actores políticos y sociales de otras naciones, algo que nuestra actual dirigencia política y judicial –con destacables excepciones como la que comentamos– no alcanza a exhibir.
