Por Roberto Arnaiz* colaboración para TIEMPO MILITAR
El Estrecho de Magallanes vuelve a adquirir importancia como paso entre dos océanos. Mientras Chile advierte sobre su posible utilización por organizaciones criminales internacionales, la Argentina enfrenta el mismo desafío desde Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.
Durante siglos, el Estrecho de Magallanes fue una de las grandes llaves de la navegación mundial. Antes de la apertura del Canal de Panamá, atravesar sus aguas constituía una de las pocas alternativas para comunicar los océanos Atlántico y Pacífico sin afrontar la peligrosa travesía del cabo de Hornos.
La construcción del canal centroamericano redujo parte de aquella importancia, pero nunca modificó su valor geográfico. El Estrecho permaneció allí, silencioso y estratégico, aguardando que una crisis internacional, una modificación del comercio o el crecimiento de nuevas potencias marítimas volviera a colocar sus aguas en el centro de la atención.
Ese momento parece haber llegado.
Las dificultades operativas del Canal de Panamá, la inestabilidad en el mar Rojo y las tensiones que afectan a diferentes corredores marítimos comenzaron a modificar los cálculos de las empresas navieras. El extremo austral de América recuperó visibilidad como una alternativa para unir los dos océanos y conectar Sudamérica con los mercados del Pacífico.
Sin embargo, las rutas no son utilizadas únicamente por quienes transportan mercaderías legales. El crimen organizado también observa los mapas, estudia los costos y adapta sus desplazamientos cuando aumentan los controles o se cierran los caminos tradicionales.
Allí comienza una amenaza que ya no pertenece exclusivamente a Chile o a la Argentina.
La advertencia desde Magallanes
En agosto de 2026, el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, presentó ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile un diagnóstico inquietante: el renovado valor geopolítico del Estrecho también puede convertirlo en una ruta atractiva para las organizaciones criminales internacionales.
Su planteo no fue que grandes buques cargados con drogas estén atravesando sistemáticamente esas aguas. Hasta el momento, no existe una causa públicamente conocida que permita afirmar la consolidación de semejante corredor. La advertencia fue preventiva: cuando las rutas habituales se vuelven costosas, peligrosas o demasiado vigiladas, las organizaciones buscan alternativas.
Estas estructuras ya no funcionan como bandas improvisadas. Poseen capital, contactos, especialistas, medios de transporte y capacidad para estudiar mercados internacionales. Se comportan, en muchos aspectos, como conglomerados económicos clandestinos que procuran llevar sus mercancías hasta los destinos donde pueden obtener mayores ganancias.
Oceanía aparece como uno de esos mercados. Según explicó Crisosto, el precio de determinadas drogas, especialmente la cocaína, puede ser varias veces superior en Australia que en los Estados Unidos. Esa diferencia vuelve rentables trayectos mucho más largos y obliga a observar corredores que hasta hace pocos años parecían alejados de los grandes circuitos criminales.
El aumento de la navegación austral tampoco demuestra por sí mismo la existencia de delitos. Las estadísticas marítimas chilenas registran el tránsito de naves mayores por el Estrecho, el canal Beagle y el cabo de Hornos, pero la enorme mayoría corresponde a actividades comerciales, científicas, pesqueras o turísticas perfectamente legales. El problema aparece cuando ese crecimiento dificulta distinguir, dentro de un volumen mayor de movimientos, aquellos que merecen una investigación particular. DIRECTEMAR
Lo comprobado y lo que todavía es una hipótesis
Para comprender la verdadera dimensión del fenómeno resulta indispensable separar los hechos acreditados de las proyecciones.
Existen rutas criminales identificadas que enlazan Puerto Montt, Puerto Chacabuco, Puerto Natales, Punta Arenas, Río Gallegos y Ushuaia. A través de esos corredores se han trasladado cigarrillos de contrabando, cocaína, marihuana, ketamina, armas, dinero y personas. Algunas organizaciones fueron investigadas, procesadas y condenadas.
Esto significa que el crimen organizado ya opera en la Patagonia austral. Lo que todavía no se ha demostrado públicamente es que el Estrecho se haya convertido en una ruta marítima regular para grandes cargamentos internacionales de droga.
La diferencia es fundamental. Una cosa es reconocer la presencia comprobada de redes delictivas binacionales y otra, muy distinta, anunciar como consumado un escenario que todavía pertenece al terreno de la prevención estratégica.
Precisamente por eso la advertencia merece ser atendida. La inteligencia criminal no consiste solamente en reconstruir un delito después de cometido. También debe detectar las condiciones que permitirían su desarrollo, identificar las vulnerabilidades y actuar antes de que las organizaciones ocupen el territorio.
Una Patagonia que el delito contempla como una sola región
Los mapas políticos muestran una línea que separa a la Argentina de Chile. Las organizaciones criminales, en cambio, observan una región continua.
En buena parte de la Patagonia austral, la frontera atraviesa extensiones inmensas y escasamente pobladas. Existen pasos internacionales controlados, pero también campos, caminos secundarios, establecimientos rurales y sectores donde las distancias dificultan una vigilancia permanente.
Durante las sesiones celebradas en Punta Arenas, el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, coincidió con su par chileno en que el fenómeno debe comprenderse como una sola red patagónica. Su participación demuestra que la preocupación ya no se limita a una institución chilena, sino que comienza a ser tratada como un problema binacional de seguridad estratégica. Senado de Chile
Según lo expuesto en aquellas jornadas, algunas organizaciones utilizan camiones de carga, vehículos de apoyo, comunicaciones satelitales, billeteras virtuales y casas de cambio. También buscan controlar propiedades rurales que faciliten movimientos clandestinos y permitan aproximarse a sectores de la frontera alejados de los pasos habilitados.
No se trata, por lo tanto, del contrabandista solitario que atraviesa un sendero con una pequeña carga. Estamos ante redes capaces de combinar transporte terrestre y marítimo, empresas legales, movimientos financieros, propiedades, tecnología y contactos distribuidos en más de un país.
La Patagonia ofrece una paradoja. Su aislamiento y sus enormes distancias pueden dificultar la actividad criminal, pero esas mismas características también complican la presencia continua del Estado.
La particular situación argentina
Desde la perspectiva argentina, Tierra del Fuego presenta una condición geográfica extraordinaria. Para viajar por tierra desde Río Grande o Ushuaia hacia Santa Cruz es necesario abandonar el territorio nacional, atravesar Chile, cruzar el Estrecho de Magallanes y volver a ingresar en la Argentina.
Esta situación convierte a los pasos de San Sebastián e Integración Austral en puntos esenciales para la vida cotidiana, el abastecimiento y el transporte de cargas. El Centro de Frontera San Sebastián articula la Ruta Nacional 3 con la ruta chilena CH-257 y admite vehículos particulares, ómnibus y transporte comercial. No es solamente un paso internacional: forma parte del corredor que mantiene comunicada a Tierra del Fuego con el resto del país. Ministerio del Interior de la Argentina
Las rutas legítimas son indispensables para la integración regional, pero todo corredor que concentra personas y mercancías puede ser estudiado por las organizaciones delictivas. El desafío consiste en mantener la fluidez del comercio y de la vida cotidiana sin transformar la frontera en un espacio permeable al tráfico.
A ello se suma la importancia de Ushuaia. Su puerto recibe cruceros, embarcaciones científicas, unidades logísticas y naves relacionadas con las campañas antárticas. Río Grande, Río Gallegos, Puerto Deseado y otros puntos del litoral completan un sistema de instalaciones marítimas y terrestres cuya relevancia crecerá junto con la proyección del Atlántico Sur.
La amenaza no debe reducirse al eventual ingreso de drogas destinadas al consumo local. Los puertos australes también podrían ser utilizados para almacenar, fragmentar, ocultar o transferir cargamentos que continúen hacia terceros mercados.
El verdadero peligro aparece cuando un territorio deja de ser solamente un destino y se convierte en un eslabón logístico.
La situación chilena
Chile posee soberanía sobre el Estrecho y una extensa experiencia en el control de sus aguas australes. La Armada, por medio de DIRECTEMAR y de la Policía Marítima, supervisa la navegación, los puertos y las actividades desarrolladas en su jurisdicción.
Sin embargo, el régimen jurídico del paso presenta una característica singular. El Tratado de Límites de 1881 estableció que el Estrecho quedaría neutralizado a perpetuidad y aseguró la libre navegación para las banderas de todas las naciones. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó ese principio y comprometió a la Argentina a garantizar el tránsito expedito hacia y desde sus accesos. Cancillería argentina
Esta libertad constituye una garantía fundamental para la navegación internacional y no debe ser confundida con una ausencia de autoridad. Pero impide realizar abordajes arbitrarios: para inspeccionar una embarcación se necesitan competencias legales, información previa o indicios que justifiquen la intervención.
La respuesta no puede consistir en convertir el Estrecho en un espacio cerrado ni en obstaculizar el comercio marítimo. El desafío consiste en mejorar la capacidad de identificar comportamientos anómalos sin vulnerar las obligaciones internacionales.
Para ello se necesitan sistemas de seguimiento, análisis de rutas, intercambio de información, escáneres, inteligencia financiera y personal preparado para investigar estructuras complejas. La tecnología puede ayudar a detectar cambios de rumbo, escalas inusuales, apagados injustificados de sistemas de identificación o conexiones sospechosas entre embarcaciones, empresas y movimientos bancarios.
Un antecedente que demuestra que la cooperación es posible
En 2023, fiscales de la Argentina y Chile conformaron un Equipo Conjunto de Investigación para actuar contra una organización transnacional vinculada con contrabando, lavado de activos, tráfico de drogas y trata de personas.
La investigación permitió coordinar medidas a ambos lados de la frontera y realizar procedimientos simultáneos. Según Crisosto, las acciones produjeron más de veinte detenciones en Chile y al menos ocho en la Argentina.
El procedimiento fue importante no solamente por sus resultados. Demostró que ambos países pueden investigar una organización como una unidad, compartir información y actuar al mismo tiempo, evitando que los integrantes de la red escapen, oculten bienes o destruyan pruebas al advertir un operativo al otro lado de la frontera.
La Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno volvió a colocar esta cooperación en el centro del debate en agosto de 2026. Entre los temas abordados aparecieron expresamente el diagnóstico del crimen organizado en la Patagonia argentino-chilena, las rutas marítimas, los riesgos del Estrecho y las investigaciones en el territorio antártico. Senado de Chile
No es casual que el encuentro se realizara en Punta Arenas ni que participara el fiscal federal de Río Gallegos. La geografía estaba mostrando la respuesta: ninguna capital situada a miles de kilómetros puede comprender por sí sola un fenómeno que se desarrolla en una región fronteriza integrada.
Más allá de la droga
Hablar de crimen organizado en el extremo austral no significa hablar únicamente de narcotráfico.
Las mismas rutas y estructuras pueden ser utilizadas para el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, la explotación sexual, los delitos ambientales y el comercio ilegal de recursos naturales. Una red que hoy traslada cigarrillos puede transportar mañana drogas o personas si encuentra una oportunidad más rentable.
Las organizaciones tampoco necesitan controlar completamente un puerto. En ocasiones les basta con corromper a una persona, utilizar una empresa de fachada, infiltrar un servicio logístico o disponer de información sobre los horarios y procedimientos de fiscalización.
Por ese motivo, contar detenidos o medir solamente la cantidad de droga incautada ofrece una visión incompleta. También es necesario seguir el dinero, identificar a los financistas, decomisar vehículos, cuentas, inmuebles y empresas, y detectar la penetración de las organizaciones en las actividades legales.
Los líderes encarcelados pueden ser reemplazados. Las estructuras económicas desarticuladas tardan mucho más tiempo en reconstruirse.
El Atlántico Sur y la dimensión antártica
La cuestión adquiere una profundidad mayor cuando se observa el crecimiento de la actividad antártica. Ushuaia y Punta Arenas compiten y cooperan como puertas de entrada al continente blanco. Desde ambas ciudades parten científicos, turistas, tripulaciones, suministros y expediciones internacionales.
El aumento de esos movimientos representa una oportunidad extraordinaria para los dos países. También incrementa la cantidad de actores, medios de transporte y operaciones logísticas que deben ser supervisadas.
No existen elementos públicos suficientes para afirmar la presencia consolidada del crimen organizado en la Antártida. Pero esperar a que aparezca una causa de gran magnitud para comenzar a pensar el problema sería repetir una conducta demasiado frecuente: llegar después de los acontecimientos.
La Argentina debe contemplar esta cuestión dentro de una política integral para Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, las islas y la Antártida. Chile, por su parte, necesita vincular la seguridad de Magallanes con su proyección marítima y polar.
La vigilancia de estos espacios no puede quedar fragmentada entre organismos que almacenan información sin compartirla. Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Aduana, Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria, fiscalías federales y autoridades provinciales deben trabajar con la Armada, Aduanas, Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público de Chile.
Cada organismo observa una parte del fenómeno. Solamente la integración permite reconstruir el cuadro completo.
Una frontera que debe unir a los Estados, no a las organizaciones criminales
Argentina y Chile conocen los costos de mirar el extremo austral únicamente desde la desconfianza. Durante buena parte del siglo XX, las hipótesis de conflicto condicionaron la relación bilateral y obligaron a pensar la frontera como una línea de separación.
El crimen organizado exige exactamente lo contrario. La cooperación no debilita la soberanía: la fortalece. Ninguno de los dos países puede controlar eficazmente sus espacios terrestres y marítimos si desconoce lo que sucede del otro lado.
Eso requiere intercambio de inteligencia criminal, equipos conjuntos permanentes, procedimientos compatibles, canales de comunicación rápidos y ejercicios coordinados. También demanda una visión estratégica que permita anticipar los desplazamientos del delito ante cambios en los mercados internacionales.
La Patagonia no debe convertirse en un territorio militarizado ni en una frontera cerrada. Su desarrollo depende del turismo, el comercio, la ciencia, la producción y la integración. Pero precisamente para proteger esas actividades es necesario impedir que las organizaciones criminales se apropien de sus rutas.
Actuar antes de que la amenaza se consolide
El Estrecho de Magallanes vuelve a ocupar un lugar central en el mapa mundial. Su importancia crecerá con el comercio bioceánico, la proyección hacia Oceanía, la investigación científica y el acceso a la Antártida.
Ese renacimiento ofrece oportunidades, pero también despierta intereses clandestinos.
Hoy no puede afirmarse que el Estrecho sea una gran autopista del narcotráfico global. Sí puede sostenerse que existen redes criminales binacionales, corredores ilícitos comprobados y vulnerabilidades capaces de ser aprovechadas por organizaciones de mayor escala.
La diferencia entre una advertencia responsable y una profecía alarmista reside precisamente allí: reconocer lo que todavía no ocurrió sin ignorar las condiciones que podrían permitirlo.
Durante siglos, el Estrecho fue visto como una llave entre dos océanos. Ahora la Argentina y Chile deben impedir que esa llave caiga en manos de quienes buscan abrir nuevas rutas para el delito.
La decisión estratégica no consiste en elegir entre libertad de navegación y seguridad, sino en hacerlas compatibles. Tampoco pasa por determinar qué país debe enfrentar primero la amenaza. El crimen organizado ya respondió esa pregunta: para sus redes, la Patagonia es una sola.
Los Estados deberán aprender a observarla del mismo modo.
Fuentes
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1881). Tratado de Límites entre la República de Chile y la República Argentina. https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=400050
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. (2026). Estadísticas marítimas: tráfico marítimo 2025. Armada de Chile. https://www.directemar.cl/directemar/site/edic/base/port/boletin_maritimo.html
Manzo Mansilla, F. (2026, 19 de agosto). Fiscal advierte: Estrecho de Magallanes podría convertirse en ruta del crimen organizado global. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/aqui-magallanes/2026/08/19/fiscal-advierte-estrecho-de-magallanes-podria-convertirse-en-ruta-del-crimen-organizado-global/
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (1881). Tratado de Límites entre la República Argentina y la República de Chile. República Argentina. https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_archivo.php?caso=pdf&id=kqGjng%3D%3D&tipo=kg%3D%3D&tratados_id=kqSknpo%3D
Ministerio del Interior. (2025). Centro de Frontera San Sebastián. República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/san-sebastian
Senado de la República de Chile. (2026, 13 de agosto). Comisión de Seguridad Pública: sesión sobre crimen organizado, rutas marítimas y seguridad estratégica en el extremo sur. https://www.senado.cl/actividad-legislativa/comisiones/615/22853
Senado de la República de Chile. (2026, 14 de agosto). Comisión de Seguridad Pública: diagnóstico del crimen organizado en la Patagonia chileno-argentina. https://www.senado.cl/actividad-legislativa/comisiones/615/22856
* Licenciado en Historia y especialista en geopolítica.
