La llamada Operación Julio Argentino Roca, impulsada en el norte del país, es el ejemplo más reciente de este desvío. Con la excusa de reforzar la presencia del Estado en una zona castigada por el narcotráfico y el contrabando, se ordena el despliegue de las FF.AA. como apoyo a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, esto desconoce su razón de ser: no existen para patrullar ciudades ni para cumplir funciones policiales, sino para proteger la soberanía nacional frente a amenazas en situaciones que permitan convocarlas conforme la ley de seguridad interior.
La ambigüedad legal en que se los coloca agrava el problema. El personal militar es enviado a operar bajo una resolución ministerial (RESOL-2025-347-APN-MD), amparada en un decreto ley de 1944, totalmente desfasado del contexto actual. La reglamentación reciente de la ley de defensa tampoco resuelve esta indefinición: introduce conceptos como el de amenazas difusas y habilita acciones sin precisar un marco jurídico claro, lo cual puede exponer al personal a consecuencias penales impredecibles.
El riesgo de repetir errores históricos es evidente. La falta de un Código de Justicia Militar y la imposición de reglas de empeñamiento que reducen al soldado a un simple civil uniformado son una combinación explosiva. Las consecuencias de malas decisiones políticas en este campo se pagan a largo plazo, como bien lo demuestran los costos judiciales y sociales que aún pesan sobre las FF.AA. por acciones que datan de los años setenta.
Más allá de lo operativo, la situación estructural de las Fuerzas Armadas es crítica. Más de la mitad de su personal percibe salarios por debajo de la línea de pobreza. Sus ingresos son inferiores a los de las fuerzas de seguridad, a pesar de que ahora se les exige cumplir funciones similares. La obra social atraviesa una crisis profunda y el Ministerio de Defensa no ofrece soluciones. La falta de inversión en adiestramiento y tecnología limita seriamente su capacidad de respuesta ante amenazas reales, mientras que los jóvenes oficiales y suboficiales enfrentan un futuro profesional incierto.
En este contexto, se reaviva el temor histórico de convertir a las Fuerzas Armadas en una suerte de “Guardia Nacional”, al servicio de intereses políticos circunstanciales. La subordinación implícita del Ministerio de Defensa al de Seguridad no hace más que alimentar esta percepción. Lo paradójico es que, en vez de fortalecer las policías provinciales –una deuda pendiente especialmente en Buenos Aires–, se acude a los militares como solución rápida a problemas estructurales que deberían resolverse con políticas de largo plazo.
El Congreso debe intervenir. Cualquier cambio en el rol de las FF.AA. debe debatirse abierta y responsablemente, como sucedió con las leyes de defensa y seguridad interior. Hacerlo por decreto o resolución ministerial solo multiplica el riesgo de abusos, ineficiencia y desgaste institucional.
Las Fuerzas Armadas no son una herramienta de ocasión. Son un componente esencial del Estado, cuya función es la defensa nacional, no la seguridad ciudadana. Mientras se las siga usando como parche, sin una estrategia clara ni el respeto que merecen, solo estaremos abonando el terreno para una nueva frustración institucional.
Ex VP de la UIF, candidata a diputada nacional PBA por PotenciaBA
