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Nacional

UN CLARO EJEMPLO DE LA JUSTICIA VENGANZA QUE MONTO EL

KIRCHNERISMO EN TORNO A LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

“Vino uno de los tres – jueces - y me dijo claramente que habían recibido indicaciones del gobierno para condenarme

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Luego del chequeo y ratificación de información que continúa siendo recibida, la Unión de Promociones expresa su más profundo pesar, confirmando con carácter retroactivo los fallecimientos de 3 (tres) Presos Políticos:

 

·         03 de Septiembre de 2018: Comisario General (R) Jorge Enrique LEVATTI (Policía de la Provincia de Corrientes), de 79 años de edad.

 

·         12 de Noviembre de 2018: Comisario General (R) José Oscar GUASTAVINO (Policía de la Provincia de Corrientes), de 78 años de edad.

 

·         20 de Octubre de 2020: Ex Cabo 1° Baqueano Felipe AYALA (Ejército Argentino), de 83 años de edad.

 

 Ya son 773 (setecientos setenta y tres) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

 

Participación del componente Militar en la Seguridad Nacional

Los sucesivos Gobiernos de la Nación (el PEN y el Congreso (HCN)) han dejado pasar TREINTA y NUEVE años sin haber comprendido y reconocido que el componente militar de la Defensa Nacional (DN) debería estar ajustado a estos considerandos particulares:

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Fue tomado como rehén y lo usaron para extorsionar al gobierno de Perón y canjearlo por guerrilleros detenidos. Su hija Silvia publicó años atrás la terrible imagen de su padre muerto. Un fallo judicial ordenó una indemnización pero para las hijas del comandante del Ejército Revolucionario el Pueblo, Mario Roberto Santucho

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En su excelente editorial del 4 de marzo, LA NACION analizó con enjundia la sentencia de condena de los miembros de las juntas militares que gobernaron nuestro país entre 1976 y 1983, y valoró el apego y la correcta aplicación de los principios constitucionales que sustentan nuestro derecho penal por parte de sus autores al decidir la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos, la autoría y participación de cada uno de los integrantes de aquella y discernir las penas que les aplicaron.

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