República Argentina: 9:34:17am

El plan continuaría con el disciplinamiento de la Cámara Nacional (hoy Federal) de  Casación Penal, encargada de investigar la corrupción estatal. En 2007, querellantes en procesos  por delitos de lesa humanidad presentaron un pedido de juicio político contra los camaristas  Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Eduardo Riggi, imputándolos por  supuestas “demoras” en esos procesos. Diana Conti desde el Concejo de la Magistratura y Néstor  Kirchner públicamente fueron los impulsores de la embestida.

Se alzaron entonces en su defensa  el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Fiscales, la Academia  Nacional de Derecho, la Sociedad de Abogados Penalistas y la Asociación de Funcionarios y  Magistrados.

El ataque logró la renuncia de varios camaristas. Las vacantes fueron cubiertas por  los Dres. Guillermo Yacobucci y Luis García, pero el titular de la Secretaría de DDHH, Eduardo  Luis Duhalde, presentó contra ellos un pedido de juicio político por haber otorgado la  excarcelación a imputados en causas de lesa humanidad que venían sufriendo prisión preventiva  por más de 5 años. García terminó desplazado.

Siguieron las renuncias de Guillermo Tragant,  Juan Carlos Rodríguez Basalvilbaso y Gustavo Mitchell imputados por similares  motivos. Designado el Dr. Luis María Cabral, fue inmediatamente atacado por Verbitsky con un  pedido de juicio político mientras que quienes firmaron la Acordada para su designación fueron  denunciados penalmente por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel.

Llegaría Gils Carbo como  titular del Ministerio Público Fiscal para nombrar 1500 nuevos empleados, crear un nuevo  sindicato judicial y promover decenas de fiscales de “Justicia Legítima”. El plan kirchnerista de  impunidad para evitar la investigación de la corrupción gubernamental pasaría a transformarse,  con el triunfo de Macri, en un plan desembozado de persecución a opositores políticos que  continúa hoy día mediante la creación y formulación de decenas de causas penales por parte de  jueces y fiscales militantes. El ataque a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se  enmarca en este siniestro e incesante programa iniciado en 2004. Que los hombres y mujeres  honestos defensores de la República, cualquiera sea su filiación política, se alcen de una vez y  para siempre para ponerle fin". 

Carlos Bosch – Secretario 

Alberto Solanet - Presidente 

 

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